Iberoamérica se une por los derechos de las personas con discapacidad
Los países de la región trabajan juntos para contribuir a la inclusión de personas con discapacidad en la vida económica y social, garantizando el ejercicio de sus derechos.
Según se desprende de los últimos datos disponibles (CEPAL, 2013), un 12% de la población de América Latina tiene alguna discapacidad. La prevalencia es mayor en mujeres y en otros colectivos en situaciones de vulnerabilidad desde el punto de vista económico y social (niños, adultos mayores, habitantes de las zonas rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes y las personas con menores ingresos).
Del mismo modo, y si bien en los últimos años se han producido avances a nivel normativo en la protección de las personas con discapacidad, la mayor parte de ellas continúa excluida de la vida política, económica y social. Al menos eso sugiere que los índices de alfabetización, escolarización, acceso al mercado de trabajo, los salarios y los indicadores de salud sean sensiblemente inferiores a los del resto de la población, al tiempo que, y del mismo modo, los relativos a la incidencia de la pobreza son superiores (SEGIB, 2018, pág 166).
Lo anterior da una idea de la dimensión que el problema tiene en la región y ante el que Iberoamérica no se ha mostrado indiferente, tal y como queda recogido, desde hace casi dos décadas, en las sucesivas declaraciones de sus Cumbres de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. Entre sus principales hitos cabe destacar el reconocimiento a la necesidad de incorporar la perspectiva de discapacidad de manera transversal con el fin de garantizar la inclusión y protección social (Panamá, 2013), y el mandato a la SEGIB y a la OISS*, en base a la experiencia acumulada, para preparar una iniciativa o programa sobre los derechos de las personas con discapacidad (Programa de Acción, apartado A.3, Cartagena de Indias, Colombia, 2016), embrión del programa que aquí se presenta (SEGIB, 2016).
A fines de 2017 y principios de 2018 se trabajó en la formulación del programa encomendado con las autoridades nacionales de discapacidad de los países impulsores. Para ello se contó con el asesoramiento de expertos destacados en los ámbitos de las políticas públicas, la academia y los organismos internacionales, y la asesoría técnica especializada de Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
El Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue finalmente aprobado en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en La Antigua (Guatemala) en noviembre de 2018 e inició sus actividades en 2019. Actualmente forman parte del Programa: Andorra, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, República Dominicana y Uruguay, mientras que Paraguay se adhirió en calidad de invitado, en febrero de 2021. Todos trabajan juntos para contribuir a la inclusión de personas con discapacidad en la vida económica y social, promoviendo políticas que garanticen el goce y pleno ejercicio de sus derechos de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y a la Agenda 2030.
A través de asistencias técnicas entre los países participantes, formación, intercambio de experiencias y recursos e identificación de buenas prácticas, entre otros instrumentos, el Programa trabaja en torno a seis objetivos estratégicos:
1. Datos y estadísticas. Consolidar un sistema de recopilación y gestión de datos sobre las personas con discapacidad. Esto no solo está en consonancia con lo dispuesto en la CDPD, sino que es fundamental para el diseño de políticas públicas en materia de discapacidad, así como para el monitoreo de los avances en los ODS.
2. Igualdad y no discriminación. Garantizar el acceso a la justicia y el reconocimiento igualitario ante la ley a todas las personas con discapacidad.
3. Educación. Garantizar el acceso, permanencia y éxito en el sistema general de educación, inclusivo en todos los niveles y respetuoso de la identidad cultural de la comunidad sorda.
4. Empleo y protección social. Garantizar el goce pleno de los derechos laborales y sindicales de las personas con discapacidad en el ámbito público y privado.
5. Empoderamiento. Fortalecer las organizaciones de personas con discapacidad.
6. Salud. Garantizar el derecho a la salud a las personas con discapacidad y mejorar el acceso a los servicios de promoción, prevención y atención especializada permanente y prioritaria.
Diciembre de 2021
*La OISS lidera desde 2012 el Programa sobre Empleo de las Personas con Discapacidad en Iberoamérica al que se adhirieron 16 países de la región.
Fuente: SEGIB a partir de CEPAL (2013), SEGIB (2018) (2016) y la página web de OISS.
