Iberoamérica trabaja en el reconocimiento y garantía de los derechos de las poblaciones afrodescendientes
Cooperación entre Uruguay, Brasil y España para la igualdad racial con gobiernos subnacionales.
La desigualdad en América Latina es un gran obstáculo para su desarrollo sostenible y para las democracias. Si bien el primer eje estructurante de este fenómeno es el estrato socioeconómico, hay otros que marcan las desigualdades persistentes en la región entre los que se encuentra la condición étnico-racial (CEPAL y UNFPA, 2021).
En la actualidad sigue presente el legado de exclusión de la esclavitud que pesa sobre las poblaciones afrodescendientes (estimada en al menos 134 millones de personas), y que ha ocultado su aporte al desarrollo de las naciones (CEPAL y UNFPA, 2021). “El modelo de desarrollo vigente, el racismo estructural y la persistencia de la cultura del privilegio reproducen las desigualdades estructurales, las privaciones y las violaciones de derechos que siguen afectando a las poblaciones afrodescendientes en América Latina y alejándolas del bienestar” (CEPAL y UNFPA, 2021).
Según el estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (CEPAL y UNFPA, 2021), y de acuerdo con los datos disponibles, en América Latina la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema es mucho mayor en los afrodescendientes. A esto se le suman las carencias relacionadas con los servicios básicos, la falta de acceso a la educación y salud de calidad, los mayores déficits de trabajo decente y de protección social. En la dimensión laboral las mujeres y los jóvenes afrodescendientes son los más afectados por la desigualdad.
En las últimas décadas, algunos países de Iberoamérica comenzaron a dar pasos hacia el reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes como parte de su historia y su cultura, a la vez que han puesto en marcha políticas orientadas a mejorar sus condiciones de vida y garantizar sus derechos (SEGIB, 2020).
“Brasil es uno de los países de América Latina donde se han alcanzado mayores logros en lo que respecta a la institucionalización de políticas en contra de la discriminación y a favor de la equidad racial” (SEGIB, 2020). Por ejemplo, se destacan las iniciativas implementadas a partir de la Política Nacional de Promoción de la Igualdad Racial (2003) y del Plan Nacional de Promoción de la Igualdad Racial (2009), que culminaron con el Estatuto de Igualdad Racial (2010) y su reglamentación. Este estatuto institucionalizó una serie de iniciativas en los ámbitos de la educación, la cultura, el deporte, el ocio, la justicia, la salud, el trabajo y la asistencia social (Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos -MDH, 2021).
En el caso de Uruguay, la visibilización estadística de las minorías étnico-raciales -que se inició en 2006- desmontó el mito de que la sociedad uruguaya era relativamente homogénea desde el punto de vista racial (UNFPA, 2022), integrada y casi carente de desigualdades (Ministerio de Desarrollo Social -MIDES, 2019).Como hitos en las políticas en la temática se pueden señalar, entre otros, la Ley contra el Racismo, Xenofobia y Discriminación (2004), la Ley de Acciones Afirmativas para Afrodescendientes (2013) —en la que por primera vez el Estado reconoce en su normativa la discriminación de la que ha sido objeto la población afrouruguaya (MIDES, 2019) — y el Primer Plan de Equidad Racial y Afrodescendencia (2019). Este plan, discutido con asambleas en todo el territorio nacional, tiene como objetivos principales ordenar y orientar las políticas públicas para la inclusión de las personas afrodescendientes, promover su participación social, e incorporar la perspectiva étnico-racial en las políticas (MIDES, 2019).
A través de la Cooperación Sur-Sur y Triangular también se han apoyado estos procesos. Por ejemplo, Uruguay y Brasil vienen desde 2008 promoviendo acuerdos de trabajo para la promoción de la igualdad racial, y en especial el cumplimiento de los compromisos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965) y de la Declaración y Programa de Acción de Durban (2001).
En este contexto surgió el proyecto Triangular Asesoramiento político técnico para la implementación de políticas públicas para la igualdad racial en el marco de implementación de la Estrategia Nacional de Políticas Públicas para Población Afrodescendiente con los gobiernos subnacionales entre Brasil, Uruguay y España, ejecutado entre 2019 y 2020. Fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el marco de su Programa de Cooperación con Afrodescendientes. Con este programa la AECID (2016) se posiciona como facilitadora de espacios de diálogo entre los distintos actores involucrados (organizaciones afro, organismos multilaterales, instituciones gubernamentales encargadas de la temática, etc.) y como impulsora de la mejora de la calidad de vida de los afrodescendientes y el fortalecimiento de sus propias organizaciones.
El proyecto se enfocó en las zonas de frontera entre Uruguay y Brasil, específicamente en los departamentos uruguayos de Artigas, Cerro Largo y Rivera y las ciudades brasileñas espejo (Quaraí, Jaguarão y Santana do Livramento). Según los datos del Censo 2011, estos tres departamentos son los que tienen mayor proporción de población afrodescendiente (UNFPA, 2022).
Como resultado del proyecto se cuenta con información actualizada y de calidad sobre la situación de la población afrodescendiente en los tres departamentos uruguayos, en lo relativo a salud, educación, desarrollo económico y cultura. Esto constituye un insumo clave para la elaboración de planes locales de equidad étnico-racial. Ha permitido, a su vez, fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones uruguayas con competencia en la temática, así como pensar estrategias conjuntas con Brasil para enfrentar este desafío.
Más allá de los avances, todavía hay una gran deuda social con las poblaciones afrodescendientes en la región (SEGIB, 2020) y la cooperación Sur-Sur y Triangular puede contribuir a eliminar todas las formas de discriminación racial, en línea con el principio de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás.
Enero 2023
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Fuentes: AECID (2016), CEPAL y UNFPA (2021), Documento de formulación del proyecto, MDH (2021), MIDES (2019), SEGIB (2020), SIDICSS (2022) y UNFPA (2022)
